El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías a lo largo de las décadas recientes, y con ello el crecimiento de Internet, provocaron un cambio radical en nuestra forma de relacionarnos con el entorno, plataformas como las redes sociales se convirtieron en una herramienta de socialización, información y consumo que hicieron del plano digital una extensión del mundo real.
Instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea reconocen la importancia que ha cobrado en nuestra vida el plano digital y por tanto la urgencia de garantizar el acceso a Internet y a derechos como la libertad de expresión y con ello la posibilidad de buscar, difundir, recibir y compartir información en la red como parte del ámbito de los derechos digitales. En México es responsabilidad del Estado garantizar y proteger estos derechos.
Todas las personas deben poder acceder a Internet sin importar su nivel socioeconómico, su lugar de residencia o sus limitaciones físicas. En nuestro país no existe alguna legislación que garantice este acceso a nivel nacional, y tomando en cuenta que en muchos casos el servicio de Internet es responsabilidad de empresas privadas, es necesario un mayor involucramiento del Estado para garantizar este derecho y que no se vuelva un asunto de nivel de ingresos donde solo funcione para quien pueda pagar el servicio.
Según información del INEGI de 2020, 72 por ciento de la población mexicana de seis años o más son usuarios de Internet, estos números, en el contexto de la pandemia de covid-19, nos obligan a cuestionarnos ¿qué fue lo que pasó con el otro 28 por ciento?, sobre todo en un momento en que la demanda de servicios digitales aumentó debido a las recomendaciones de seguridad de las instituciones de salud y con ello el cierre de las escuelas.
Es complejo calcular el rezago educativo que ha sufrido la población mexicana debido a la necesidad urgente de repensar los métodos educativos, la comunicación en línea se volvió casi indispensable para continuar con estos procesos, aun tomando en cuenta que los mismos datos del INEGI nos permiten saber que apenas el 50 por ciento de la población que vive en áreas rurales tiene acceso a servicios de Internet.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoce que el derecho al acceso a Internet es indispensable para la libertad de información y opinión. En un mundo cada vez más conectado es responsabilidad de la sociedad civil organizada y no organizada exigir al Estado garantizar el acceso internet para todas las personas y con ello el fortalecimiento de una sociedad democrática.