Conocimiento libre y derechos de autor, ¿existe un equilibrio?

Los derechos de autor son el reconocimiento que hace el Estado a todo creador o creadora de obras artísticas y que le otorga protección y privilegios personales,  esto significa que el o la autora tiene todo el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, de autorizar las formas en las que pueden ser difundidas y el que otras personas puedan o no hacer uso de ellas. 

En nuestro país, los beneficios económicos de los que goza la persona autora por el uso de sus obras vencen una vez que se cumplen cien años de la muerte de ésta. Luego las obras pasan a ser de dominio público; cualquiera podrá usar, distribuir e incluso modificar la obra sin consecuencias legales.

Es importante reconocer que las y los autores merecen no sólo el oportuno reconocimiento sobre sus producciones, sino también una justa retribución para poder vivir de sus creaciones, alimentar el ecosistema creativo y fomentar la realización de nuevos productos culturales. 

Sin embargo, así como es trabajo del Estado la protección de los derechos de autor, también lo es el asegurar el adecuado acceso de la población a todo conocimiento posible para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. 

Históricamente ha existido una diferenciación opresora de las posibilidades de acceso al conocimiento, con mayor énfasis hacia las mujeres y personas empobrecidas, misma que funciona como un factor de exclusión e inequidad social. 

Muchas veces el derecho a la educación y al conocimiento libre son impedidos por grandes industrias como la editorial o la cinematográfica que, cobijadas por el Estado, han influido al establecimiento de plazos exagerados y fuera de toda norma para la transición de las obras al dominio público en búsqueda de una supuesta maximización de la protección a los autores. No se ha podido demostrar el éxito de estas medidas de ninguna manera, ni académica ni jurídica. 

Es imposible eliminar la figura legal de los derechos de autor. Lo que sí es posible es regular en beneficio de la población el lapso de tiempo permitido para que una obra pase al dominio público. México tiene uno los periodos más amplios del mundo que se nota exagerado en comparación a otros países, por ejemplo Uruguay que tiene un lapso de cincuenta años una vez que el o la autora ha muerto, o incluso que el Convenio de Berna que de manera oficial establece como adecuados setenta y cinco años después de la muerte de la persona autora.

Además de la regulación de estos lapsos el Estado también puede y debe actuar a favor de instituciones educativas y culturales como  escuelas, bibliotecas, centros culturales y museos para que estos puedan hacer difusión gratuita del conocimiento de todas las épocas sin ser sancionados por infringir derechos de autor. Un país que no es capaz de garantizar el acceso libre al conocimiento para el total de su población no puede reconocerse como una nación democrática. 

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